Integración educativa, laboral y social de personas con discapacidad

En nuestro país, los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD, 2008), reflejan que en España hay 3.847.900 personas con discapacidad, de las cuales 1.547.300 son hombres y 2.300.500 son mujeres (60%).

Aunque la población con discapacidad ha aumentado con relación a los datos de 1999 -al igual que ha sucedido con toda la población del país- en términos relativos, hay una disminución con respecto a la población total: el 9% en la anterior encuesta de 1999 (Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y minusvalías) frente al 8,5% de los datos actuales. Además, cada vez va siendo más frecuente encontrarnos con personas con algún tipo de discapacidad en diversos ámbitos como el educativo, el social y el laboral.

Al mismo tiempo, estamos asistiendo de forma continua a una modificación del marco jurídico acerca de la discapacidad que a partir de los años 80, con las nuevas leyes promulgadas, se encamina a la progresiva toma de conciencia por parte de la sociedad acerca de las necesidades de las personas con discapacidad y a la eliminación de barreras físicas y psicológicas que obstaculizan su participación plena en diversos ámbitos. Dentro de estas leyes, cabe destacar la LISMI (Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido), la Ley de Educación a partir del Real Decreto de Ordenación de la Educación en España (6/03/85); la Ley sobre empleo público de los discapacitados (Ley 53/2003 de 1 O de diciembre) hasta la reciente Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia).

Sin embargo, existen encuestas de opinión que ponen de manifiesto que, en la actualidad, la normal integración de las personas con discapacidad dista aún de ser plena. Concretamente, según el Eurobarómetro especial "Discriminación en Europa" publicado en 2007, la población de la Unión Europea señalaba que la discriminación hacia las personas con discapacidad es un fenómeno ampliamente extendido. Aunque el propio informe apunta que esas cifras reflejan importantes diferencias entre países, las respuestas de la población española en relación a este colectivo (53%), prácticamente coinciden con las de la Unión Europea en su totalidad. De forma similar al resto de los países, el 82% de los españoles indicaba que tener una discapacidad es el factor que suponía en mayor medida una desventaja en comparación con otros grupos (ser mayor de 50 años, de etnias diferentes, homosexual, de otra religión, menor de 25 años). En definitiva, y respecto a estos datos cabe preguntarse entonces si las medidas adoptadas son suficientes, y cuáles son los factores que llevan a que en nuestro país la discriminación hacia personas con discapacidad sea la segunda más extendida (54%) después de los grupos étnicos (71 %).

1. Ámbito educativo

En este terreno, se puede hablar de cambios sustanciales desde la aprobación de la Ley española de educación en 1990 (LOGSE) que se han ido manteniendo en las posteriores modificaciones de la misma. Esta Ley, incorpora el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE). El término "alumnos con necesidades educativas especiales" fue acuñado en el informe Warnock (1981) para definir a aquellos alumnos que presentan unas dificultades de aprendizaje que hace necesario disponer de recursos educativos especiales para atenderlas.

Con anterioridad a la LOGSE, la atención a los alumnos con importante discapacidad o graves problemas de aprendizaje o comportamiento se dirigía a la concentración de los mismos en centros específicos diferenciados de los centros normalizados. A partir de la LOGSE, se propugna que los alumnos de menor gravedad con especiales dificultades en el aprendizaje compartan los aprendizajes impartidos en el aula ordinaria con el resto de compañeros, aunque necesitan unas adaptaciones para intentar conseguir el máximo de objetivos que propone el currículo de su grupo, ya sean adaptaciones no significativas de acceso al currículo (metodología, temporalización, espacios, materiales, apoyos puntuales, etc.) o incluso supresión de uno o varios objetivos del currículo: es el caso de las adaptaciones significativas.

Ante la necesidad de atención individualizada específica, se crea el modelo de aula de Apoyo a la Integración en la que estos alumnos con dificultades son atendidos por especialistas en Educación Especial en tiempo más o menos prolongado, asesorados por profesionales (educadores sociales, médicos, psicopedagogos, pedagogos, psicólogos, logopedas, asistentes sociales, fisioterapeutas) pertenecientes a un equipo de orientación creado para tal fin. Todos estos cambios dan lugar a que, en la actualidad, se prefiera hablar no de integración sino de inclusión educativa. La inclusión implica un proceso que fomenta la participación y pertenencia de todo el alumnado y, al mismo tiempo, la eliminación de las barreras que conllevan a procesos de exclusión (Booth, Ainscow, Black-Hawkins, Vaughan y Show, 2000). Es decir, el movimiento inclusivo promueve una integración total, no sólo educativa, sino también social de los alumnos con necesidades educativas especiales.

La integración-inclusión de alumnos con necesidades educativas especiales en los centros educativos, despertó en consecuencia, el interés por estudiar la actitud que tienen los alumnos sin discapacidad hacia el resto de compañeros con discapacidad.

A pesar de los buenos propósitos de las nuevas políticas educativas, diferentes estudios siguen reflejando la persistencia de actitudes negativas y de rechazo hacia la inclusión educativa (Avramidis y Norwich, 2000; Nowicki, 2006; Sale y Carey, 1995; Scruggs y Mastropieri, 1996; Van-Reusen, Shoho y Barker, 2000).

En nuestro país, también existen datos que muestran como la presencia de alumnos con discapacidad en los centros educativos no logra mejorar la actitud o la imagen que se tiene de estos alumnos en comparación con aquellos centros que no cuentan con estos alumnos en las aulas (Marichal, Quiles y Capilla, 1997; Silván-Ferrero y Bustillos, 2006). Asimismo, un estudio realizado con los maestros de primaria (Áivarez, Castro, Campo-Mon y Álvarez-Martino, 2005) apuntan a que, a pesar de existir una actitud general positiva hacia la integración, no se puede afirmar que esté funcionando de forma óptima, debido sobre todo a la falta de recursos y estrategias adecuadas.

En esta misma línea, se ha encontrado que los maestros tienen un estereotipo negativo sobre los alumnos tartamudos y que la experiencia docente de los maestros con estos alumnos, no modifica la valoración que los maestros hacen de ellos en conjunto (Castejón, Núñez y González-Pienda, 2005). Es decir, que a pesar de la propuesta de normalización que asume la reforma educativa, la inclusión de estudiantes con algún tipo de discapacidad no está exenta de problemas, dado que su presencia en las aulas puede suponer un coste al resto de los alumnos. De hecho, algunas consecuencias pueden ser la ralentización de las clases, puesto que en algunos casos es necesario repetir los contenidos expuestos para que lleguen a todos los alumnos, las continuas interrupciones, o la presencia de profesores de apoyo en el aula. Otro coste que asumen los alumnos sin discapacidad es que ven como se modifica el currículo para aquellos con necesidades educativas especiales, por lo que pueden considerar que para éstos se relajan los criterios de evaluación y el nivel de exigencia.

Sin embargo, la consecuencia última, radica, en que, a medida que aumenta el nivel de estudios concluidos, el porcentaje de jóvenes con discapacidad que finalizan su formación obligatoria, disminuye drásticamente, tal y como recoge el informe de situación realizado en 2010 a partir de la EDAD 2008 por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI, 2010). Precisamente, una de las conclusiones a las que llega es que es en la enseñanza secundaria donde se presentan mayores dificultades para la permanencia de las personas con discapacidad en el sistema educativo. Este problema se palia para aquellos que llegan a la universidad, donde los resultados son más positivos, posiblemente debido a que los servicios de apoyo al estudiante con discapacidad van siendo cada vez más generalizados en esta etapa. No obstante, y si comparamos estos datos con los de hace una década, conviene destacar que, si bien la tendencia se mantiene, ha disminuido la proporción de población joven con discapacidad sin estudios.

Uno de los motivos de abandono puede ser la percepción de discriminación que tienen los jóvenes con discapacidad. De hecho, el 40% de la esta población afirmaba haberse sentido discriminada doce meses previos en ámbitos educativos o formativos por causa de la discapacidad. Esta percepción se reduce a medida que aumenta la edad, de forma que el grupo ubicado entre los 15 y los 18 años es en el que se encuentra el mayor número de jóvenes que se sienten discriminados en el ámbito formativo: el 68,57% frente al 22,36% entre los jóvenes entre 27 y 30 años. Es decir, que, como señala el informe CERMI, parece que a pesar de los esfuerzos realizados por mejorar la accesibilidad de los espacios educativos, la encuesta refleja que los jóvenes con discapacidad siguen destacando dificultades de accesibilidad, de lugares y recursos adaptados, así como la necesidad de dotación de mayores y/o mejores ayudas técnicas y humanas. En este sentido, la actitud y preparación del profesorado en elementos de igualdad de oportunidades debe constituirse en un elemento fundamental para que se puedan conseguir los objetivos marcados en la inclusión educativa.

2. Ámbito laboral

Estas dificultades en la integración educativa se extienden al terreno laboral como ponía de manifiesto el Eurobarómetro publicado en 2007. De hecho, el 91% de los españoles, respondía afirmativamente a la necesidad de adoptar medidas específicas que proporcionen igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad en puestos de trabajo. La Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 1999, revelaba que poco más del 32% de las personas con discapacidad en edad de trabajar se encontraba en situación activa. El resto (dos de cada tres personas con discapacidad) no se han incorporado al mercado laboral.

Por otra parte los datos reflejan que no sólo presentan una muy baja tasa de actividad, sino también una alta tasa de desempleo (el 26, 1% frente al 16,6% de la población general). Es decir, sólo una de cada cuatro personas con discapacidad en edad laboral estaba ocupada. En la actualidad, el análisis que realizaba el informe CERMI 2010 sobre la situación laboral de los jóvenes con discapacidad llega a unos resultados similares. En España, viven 163.650 jóvenes de entre 15 y 30 años con discapacidad, de los cuales sólo el 28,9% de ellos trabaja, frente al 56,8% de los que no tienen discapacidad y están trabajando. Asimismo, la tasa de actividad de los jóvenes españoles es del 66,2%, mientras que la de los que tienen cualquier tipo de discapacidad no llega al 50%.

Algunos de los motivos que destaca el CERMI para explicar estos datos son la "falta de oportunidades laborales" y de empleos "poco cualificados y mal remunerados".

De Lorenzo (2004) señalaba otras posibles razones, como que los empleadores creen que las personas con discapacidad no están preparadas para el trabajo y además no les dan la oportunidad de demostrar lo contrario. Otras razones son que, a menudo, las personas con discapacidad no han tenido el adecuado acceso a la educación y a la formación profesional, que los servicios de ayuda que requieren no están disponibles, que la legislación y las políticas no garantizan su incorporación al empleo y que los edificios y los medios de transporte no son accesibles para ellas.

Stone y Colella (1996) aluden a otros factores como son: características de la organización y del puesto de trabajo, expectativas y consecuencias psicológicas que tendrá para el empleador contratar a una persona con discapacidad, y atributos de las persona con discapacidad y del empleador.

Spirito y Bellino (2008) recogen otras posibles barreras al empleo:

  1. aquellas que impiden que las personas con discapacidad participen en el proceso de búsqueda de empleo (acceso físico al empleo, sintomatología de la discapacidad, aspectos negativos de la medicación),
  2. aquellas barreras que dificultan la contratación (falta de habilidades, la propia discapacidad, los costes que supone la adaptación del espacio) y,
  3. la barrera más significativa es la que se refiere a las actitudes prejuiciosas de los empleadores, y la consecuente discriminación que pueden sufrir.

En relación a la adaptación al espacio, por ejemplo, la incorporación de personas con discapacidad física a diversos entornos supone la adaptación del espacio físico a sus necesidades (Dijker y Koomen, 2007). Esto puede originar un coste extra que se traduce en un trato discriminatorio hacia las personas con discapacidad física en su acceso al mundo laboral, tal y como se refleja en diversos estudios (Ravaud, Madiot y Ville, 1992; Perry, Hendricks y Broadbent, 2000). Otro elemento que puede resultar clave a la hora de acceder al mundo laboral es el tipo de discapacidad (Hazer y Bedell, 2000; Stone y Colella, 1996; Spirito y Bellini, 2008). En este sentido, la Encuesta sobre Discapacidades, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (2008) refleja que sólo el 32% de las personas con deficiencias mentales tiene un empleo, frente al 84% de las personas con deficiencias visuales, el 112% con deficiencia auditiva o el 132% con deficiencias osteoarticulares.

Desde una perspectiva psicosocial, también se han propuesto factores que traten de explicar la discriminación en el terreno laboral. Concretamente, estudios realizados en nuestro país ponen de manifiesto que la presencia cada vez mayor de personas con discapacidad en entornos laborales puede suponer una amenaza para los no discapacitados, que pueden ver amenazados sus intereses colectivos a nivel laboral.

En este sentido, Ruiz y Moya (2005) encontraron que la percepción de amenaza a los intereses colectivos de las personas sin discapacidad y la percepción de que las personas con discapacidad tienen más oportunidades que las personas sin discapacidad, lo que se denomina privación relativa fraternal intergrupal, incrementaba las actitudes prejuiciosas hacia las personas con discapacidad. Siguiendo esta misma línea, en otro estudio (Silván-Ferrero y Bustillos, 2009) se mostraba que la variable que mejor predecía la actitud hacia las personas con discapacidad era la amenaza percibida en relación con los recursos, establecida a través de las creencias sumacero, que se traducen en que cuanto más se de al otro grupo, menos para el nuestro.

3. Ámbito social

Además del ámbito educativo y laboral, una de las principales dificultades a las que se enfrentan diariamente las personas con discapacidad es la integración social. Es decir, aunque las cifras más patentes se establezcan en términos laborales y educativos, se puede decir que persisten barreras sociales que fomentan el trato discriminatorio.

Según los datos del Eurobarómetro (2007), el 91% de los ciudadanos de la Unión Europea manifestaba que se debería gastar más dinero en eliminar las barreras físicas que dificultan la vida de las personas con alguna discapacidad física. La persistencia de barreras arquitectónicas, dificulta, por ejemplo, como señala el informe CERMI 2010, que los jóvenes con discapacidad puedan disfrutar de un ocio normalizado debido a las barreras (físicas, de la comunicación y sociales) a las que se enfrentan para poder llevar a cabo un ocio normalizado. De ahí, que las principales actividades realizadas por el 80,8% del total sea ver la televisión y escuchar música. Menor porcentaje presentan otras actividades de ocio como chatear y enviar correo electrónico (0,03%), asistir a eventos deportivos o culturales (0,12%) o asistir a clases o cursos (0,48%) que no alcanzan el 1%. Sin embargo, la consecuencia última de todo esto, radica, en que las actividades que realizan en mayor medida no fomentan las relaciones y pueden llevar a una disminución de las redes sociales, como veremos más adelante.

Desde el modelo social en el estudio de la discapacidad, que veremos posteriormente, la discapacidad se define como el resultado de la interacción entre las demandas de un impedimento físico o mental, la interpretación que la sociedad hace del impedimento y el contexto social, político y económico (Braddock y Parish, 2001 ). Es decir, no se trata de un problema personal, ni de una condición física o biológica sino que, como señalan Maya, García y Santolaya (2007) los verdaderos problemas de la discapacidad son las limitaciones físicas impuestas en un ambiente inaccesible y las actitudes sociales negativas, por lo que las desventajas que sufren las personas con discapacidad son el resultado no de su condición sino de prácticas sociales discriminatorias.

En resumen, se puede concluir que la variedad de leyes promulgadas en las últimas décadas, reflejan una notable preocupación de las diferentes instituciones públicas por mejorar la situación de las personas con discapacidad. A pesar de estos esfuerzos, los datos aún revelan la existencia de dificultades y barreras no sólo físicas sino mentales, que impiden la integración plena del colectivo.

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