La psicología jurídica (también denominada psicología legal, psicología judicial, psicología y ley o psicología forense) se define como la aplicación de la psicología a la intersección entre esta y la ley (Committee on Ethical Guidelines for Forensic Psychologists, 1991; Lósel, 1992; Colegio Oficial de Psicólogos de España, 1998; Bartol y Bartol, 2005).
Esto lleva al hecho de que la psicología jurídica esté conformada por tantas psicologías jurídicas como campos de interacción se encuentren entre la psicología y la ley: psicología jurídica del menor, psicología jurídica de la familia, psicología forense, psicología judicial, psicología policial y de las fuerzas armadas, psicología penitenciaria, psicología preventiva del delito y victimología o mediación. Las demandas de cada momento histórico, así como el acopio de conocimientos y técnicas de intervención, conforman psicologías jurídicas adaptadas a estas. Así, la aprobación de la Ley 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia originó una psicología jurídica y de violencia de género (Fariña, Arce y Buela-Casal, 2009). Si bien la psicología jurídica está compuesta de muchas psicologías jurídicas, las aplicaciones forenses y el comportamiento antisocial y delictivo conforman las más fructíferas y reconocidas (Davies, Hollín, y Bull, 2008).